La Concap exige medidas inmediatas para el apoyo a la empresa canaria

En el año 2007 la tasa de paro de Canarias apenas superaba el 11%, una de las mejores cifras de los últimos años y franco exponente de la bonanza económica que se vivía. Por eso cuando la Concap, a la vista de los indicadores financieros internacionales,  vaticinó un año antes que la época de prosperidad llegaba a su fin y que los tiempos que se avecinaban iban a ser extremadamente difíciles no faltaron quienes tacharon a los componentes de la Confederación de agoreros.

"Pero aquí estamos: entre análisis y manifestaciones que tan pronto dicen que parece que lo peor ya ha pasado y que estamos empezando a remontar y números que se empeñan con tozudez en demostrar que lo peor aún sigue aquí, que si la construcción ha sido siempre en esta tierra (como en la inmensa mayoría de las tierras de este país) el motor de la economía... el motor económico sigue pasándolo mal, muy mal y quienes se dan una vuelta por Europa ven que la realidad de las infraestructuras allá no resiste la comparación con las Islas: Aún queda mucho por hacer en construcción... y no para llenar las Islas de cemento sino para poner a su población en las mismas condiciones que se disfrutan en el resto de la UE", manifiesta Juan Luis Lorenzo, presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones Empresariales (Concap) que no duda en afirmar que, "si las cosas siguen como van, la tasa de paro en diciembre puede llegar a índices que ni nos atrevemos a mencionar porque hay muchas empresas al borde del cierre, pese que la reducción de las plantillas en el sector de la obra civil ya sobrepasa el 50%, siendo el índice en la edificación muchísimo peor".

Para muchos, según los empresarios de la Concap, el gran problema ahora es la falta de obras, especialmente de obra pública "pero ese problema arranca de muy atrás, arranca de cuando sí había obras  y, con respecto a ello, podemos hablar más que de falta de sensibilidad... de la pobreza de miras de los responsables de muchas administraciones públicas tinerfeñas que, durante años, no han dudado en entregar porcentajes altísimos de su inversión a empresas nacionales obligando a las empresas canarias a hacer esas obras como subcontratas y permitiendo a las empresas nacionales actuar sin riesgos bajo la política de "coge el dinero y corre" lo cual ha perjudicado tanto a las empresas locales, especialmente a las tinerfeñas porque la situación en Gran Canaria ha sido radicalmente diferente, como al propio Gobierno regional ya que las empresas nacionales están radicadas fiscalmente en otras comunidades con lo cual ha existido un inmenso agravio comparativo con respecto a otras regiones que, a través de la vía impositiva, recibían fondos que se habían generado en las Islas". En ese sentido, la Concap ha mantenido siempre que, para proteger a las empresas isleñas basta con cumplir a rajatabla la legislación vigente. DE esta forma "se evitarían situaciones como las que viven en este momento una buena cantidad de empresas canarias bajo subcontratación de nacionales que ven como ellas (las locales) tienen que demostrar tener al día todas sus obligaciones, mientras sufren impagos, retrasos en los pagos, reducción de los emolumentos pactados o problemas derivados de la situación financiera de las primeras".

El apoyo a las empresas canarias pasa, "como siempre hemos sostenido, por el control que los niveles de subcontratación no excedan de lo determinado por la ley; evitar la licitación mediante subasta, un sistema que únicamente valora la propuesta económica del licitador y que está conllevando bajas temerarias que traen serias consecuencias para la propia empresa "porque se trata siempre de huidas hacia delante, a la desesperada, que en muchas ocasiones acaban con obras paralizadas porque no es posible realizarlas con el presupuesto comprometido y eso no es bueno ni para las empresas ni para la sociedad", sostiene el presidente de la Concap.

Otra de las cuestiones que siempre se ha puesto sobre la mesa es la vigilancia sobre las clasificaciones que se exige a los constructores. Por Ley, las clasificaciones tienen el objetivo de garantizar la solvencia y capacitación profesional de las empresas licitadoras, así como garantizar la libre competencia en igualdad de condiciones. "La perversión a este principio está en la utilización de la Ley para limitar y restringir la licitación de empresas canarias en determinados proyectos mediante la exigencia de injustificadas y excesivas clasificaciones, algo que la Concap ha denunciado en reiteradas ocasiones tanto comunicándoselo a la Administración oportuna para que se corrigiera el error como recurriendo a los tribunales de Justicia cuando no ha quedado otro remedio".

En este momento, y para evitar llegar a cifras de paro "que nos deben aterrorizar" lo prioritario es incentivar la economía fortaleciendo el tejido empresarial. "Sabemos que el Gobierno está generando políticas de incentivación del empleo y valoramos el esfuerzo en ese sentido, pero los empresarios contratamos cuando tenemos trabajo, de ahí que no se estén logrando los objetivos previstos. No se creará empleo mientras no se reactive la economía y buena parte de esa reactivación depende de la construcción, de tener mejores vías, de dotar con fondos suficientes la rehabilitación de la planta hotelera, de que se aprueben los planes generales de los municipios que impiden a las empresas saber dónde pueden invertir, de la recuperación del crédito bancario y, sobre todo, de que se acabe con el lastre de una administración pública que arrastra niveles de ineficiencia y complejidad burocrática extraordinarias debido a la superposición y duplicidad de competencias, tal y como ha sostenido recientemente el CES que, con muy buen criterio ha aconsejado al Gobierno redimensionar la Administración para optimizar los recursos humanos, a lo que nosotros añadimos que se simplifiquen también los procedimiento burocráticos y la legislación. Como muestra de lo anteriormente expuesto baste recordar que la Concap lleva 10 años intentando que se legalice un treintena de plantas de reciclaje de áridos que han llegado a reciclar más de 29 toneladas diarias de residuos mientras permanecían en el limbo administrativo. Pues bien, a día de hoy, tras gastar millones de euros en proyectos y sostener decenas de reuniones con técnicos y responsables políticos de todas las administraciones de Canarias, vemos la importancia mediática que se da al reciclaje... pero aún no se ha legalizado ni una sola planta de reciclaje de residuos de construcción, demolición y desmonte en Tenerife y así es muy difícil que la ciudadanía tome en consideración las promesas y medidas de administraciones con tan altos niveles de ineficacia".