La Concap exige al Ejecutivo regional que cese la política de acoso fiscal sobre las empresas

“Somos los empresarios los que generamos empleo y riqueza y para ello necesitamos no sentirnos perseguidos”

La Concap exige al Ejecutivo regional que cese la política de acoso fiscal sobre las empresas

• “La voracidad recaudatoria que está poniendo de manifiesto la Administración Tributaria Canaria no deriva de que se esté persiguiendo el fraude sino que se basa en interpretaciones forzadas y a veces poco fundadas de la normativa tributaria cuyo único objeto es obtener recursos a corto plazo”.

“La situación de las empresas frente a la Administración Tributaria Canaria podría tildarse de demencial. Si siempre hemos dicho y mantenido que es importante, que los empresarios sepan dónde pisan, cuáles son las reglas a cumplir, si siempre hemos clamado por la transparencia en la gestión ahora, en estos durísimos momentos, esos aspectos se tornan fundamentales y no los tenemos. Las empresas están siendo acosadas fiscalmente, se sienten perseguidas basándose en interpretaciones forzadas y en ocasiones poco fundamentadas de la normativa tributaria” manifiesta Juan Luis Lorenzo, presidente de la CONCAP, confederación  que, a lo largo de los últimos meses, viene detectando las protestas de sus más de 1.400 socios “porque la Hacienda regional les está pidiendo lo que no tienen y porque lo que les piden es, cuando menos, de una veracidad dudosa pero lo cierto es que las empresas tienen primero que pagar y luego recurrir, dándose la curiosa paradoja de que en esta colmena la reina está devorando a las obreras. Es realmente insostenible”, puntualiza el presidente de los empresarios al tiempo que señala que la Confederación ha pedido reuniones al más alto nivel con los representantes del Ejecutivo Regional “porque son muchos los empresarios que nos piden que denunciemos lo que está sucediendo en Canarias ante la Unión Europea y, si tras esas reuniones no se observa inmediatamente un cambio de actitud por parte de la Hacienda canaria, tendremos que hacerlo porque durante los encuentros preelectorales con las fuerzas que concurrían a las elecciones la Concap ya explicó lo que estaba sucediendo y pidió que se tomarán cartas en el asunto pero no se ha percibido ningún cambio al respecto”.

Evidentemente, desde la Concap no se pide ningún trato de favor hacia las empresas. “Como no podía ser de otra forma, estamos de acuerdo con que la Administración Tributaria canaria haga el esfuerzo necesario para recaudar lo que le corresponde con la ley en la mano porque ello permitirá que cada uno pague lo que le corresponde y recuperar las arcas públicas”, pero lo que está sucediendo poco o nada tiene que ver con perseguir y localizar el fraude real sino que se trata, a juicio de la Concap, “de exprimir a aquellos que, por su tipo de rentas, porque declaran correctamente y cumplen con sus obligaciones, a la Administración les resulta más fácil de perseguir”.

De esta forma, son muchas las empresas que en los últimos meses, incluso en pleno mes de agosto, ven como tienen que rendir de nuevo cuentas a Hacienda incluso con sanciones que, “aunque después deban ser devueltas a medio o largo plazo, su única finalidad es que la Administración obtenga rápidamente recursos económicos que para  muchas empresas y autónomos pueden suponer la puntilla que obligue a echar la persiana. ¿De qué sirve que dentro de cuatro o cinco años los tribunales den la razón al recurso del empresario? Para entonces ya no existirá empresa y mientras tanto los empresarios ven que la Hacienda canaria pide, bajo amenaza de embargo,  unos avales que los bancos no dan “aunque vean que el empresario tienen razón” y la empresa se ve abocada al cierre.

Es realmente lamentable que, en lugar de forzar la imaginación y el talante negociador, las autoridades fiscales de las Islas, “lejos de sacar todo el partido posible a un arma tan poderosa como el REF, restrinjan innecesariamente la posibilidad de aplicarlo en base a beneficios fiscales en el ámbito de la RIC, del IGIC y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, algo que permiten tanto la ley española como la comunitaria y que, de haberse aplicado con rigor y seriedad habría sido un arma poderosísima para ayudar al empresariado.

Finalmente, es absolutamente necesario que se emprenda la modernización de la Administración Tributaria sobre todo en lo que respecta a su relación con los contribuyentes para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La falta de inversión en los años en que la bonanza económica lo habría permitido redunda ahora en una Administración Tributaria falta de eficiencia y eficacia en su actuación que es lo que están sufriendo los empresarios que deben acudir personalmente a las sedes de la Administración a demostrar que ya han cumplido con lo que se les requiere de nuevo o que no se les puede aplicar determinada norma.

“Los empresarios somos creadores de empleo y de riqueza, no se nos puede ver como explotadores para unos y objetos a explotar por otros. Necesitamos normas claras que nos permitan cumplir con todas nuestras obligaciones sabiendo dónde empiezan y dónde acaba cada una de ellas y no estar al albur de interpretaciones funcionariales”, concluye el presidente de la CONCAP al tiempo que muestra su preocupación porque “si esta situación no cambia de inmediato, si el Gobierno Regional no toma conciencia de que vamos hacia el desastre, quienes vivimos en estas islas asistiremos al mayor cierre de empresas de la historia de Canarias y consiguientemente al mayor número de parados y de familias que atraviesan las serias dificultades que todos conocemos y que nos ponen lamentablemente en el primer lugar de Unión Europea”.