13/07/2013 Juan Luis Lorenzo: “Si el concurso de transmisión de RTVC no se anula acudiremos a los tribunales”

La Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (CONCAP) no está dispuesta a soportar un nuevo atropello a las empresas isleñas. “Con la que está cayendo, con la situación que atraviesan las empresas canarias, con la situación económica de las propias instituciones públicas, no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante un espectáculo incalificable: el último concurso de transmisión de la señal de la Radio y Televisión Canaria está hecho a medida para que lo gane una empresa multinacional a la que todos conocemos, a la que se entrega un beneficio absolutamente desmedido y que se ha convocado a la chita callando”, manifiesta Juan Luis Lorenzo, presidente de la patronal canaria en el seno de la cual se realizó una unión de empresas de todas las islas para participar en el concurso.  Fue al analizar los pliegos cuando se dieron cuenta de que era imposible que se presentaran las empresas canarias, una situación que, de no enmendarse con la anulación del concurso, obligará a la Confederación a presentar en los próximos días un recurso Contencioso Administrativo así como una solicitud de intervención ante la Comisión Nacional de la Competencia.

En el marco del  Recurso Contencioso Administrativo se solicitará la paralización del concurso como medida cautelar en base tanto a las irregularidades formales que presenta como al incumplimiento de la legislación de la UE en materia de telecomunicaciones, así como de lo que se ha venido en llamar Principio de Neutralidad Tecnológica, una cuestión que, por ejemplo, ha llevado a que la UE anule el concurso nacional de TDT precisamente debido a la violación de ese principio.

La primera medida tomada por la CONCAP al analizar el pliego del concurso de transmisión de la señal de RTVC fue exponer el problema ante todos los grupos parlamentarios que, para sorpresa de los empresarios, no estaban enterados de la convocatoria del concurso como no lo estaban algunos de los miembros del Consejo de Administración de RTVC. “Es más, yo creí, y así lo manifesté públicamente, que el presidente del Gobierno tampoco estaba al tanto, pero a día de hoy, su silencio me obliga a creer que sí estaba al tanto y que el concurso se ha convocado con su bendición”.

Abundando en el despropósito del concurso, las empresas canarias sostienen que, según los cálculos expuestos por tres consultoras independientes, el coste de los trabajos a realizar no superarían nunca los 6 millones de euros en los 4 años de pervivencia del concurso  por lo que se extrañan de los 13 millones de euros con los que se convoca un concurso que se ha publicado con una llamativa discreción y premura ya que se puede prorrogar hasta dos años más el contrato con la concesionaria actual (una empresa multinacional) y haber sacado el concurso con tranquilidad, con los números ajustados y, cuando menos, respetando el principio de libre competencia, “aunque el presidente del Gobierno de Canarias suele decir que va a proteger e impulsar a las empresas canarias y que va a tener en cuenta en las contrataciones públicas a aquellas empresas que contraten empleados canarios y, sin embargo, ahora que está en su mano garantizar la libre concurrencia de las empresas para que las empresas canarias puedan concursar en igualdad de condiciones, ahora que es esencial para canarias generar riqueza que se quede aquí, ahora se siguen llevando a cabo las mismas tropelías despilfarrando el dinero de todo y poniendo la alfombra roja sólo para algunos”.

Otra de las cuestiones que llaman la atención del concurso son los plazos de ejecución. La irrealidad de los pliegos prevé que, una vez adjudicado el concurso, la empresa designada tenga que realizar la implantación de todas las infraestructuras en las Islas en 15 días. “Es decir,  que en dos semanas se debe tener en marcha una red de transmisión de señal para televisión y radio que de cobertura en toda Canarias. Eso se traduce en que la única empresa capaz de llevarlo a cabo en dichos plazos es la que actualmente presta el servicio, o lo que es lo mismo, los pliegos ya determinan cuál debe ser la empresa adjudicataria”, manifiesta Juan Luis Lorenzo.

“No vamos a pasar por ahí. No vamos a permitir un nuevo atropello. La inoperancia del Gobierno de Canarias ha llevado al desastre al sector de los medios de comunicación y las telecomunicaciones y, en un momento de crisis que afecta a todos los sectores, pero con una virulencia brutal al de la comunicación, una nueva decisión legalmente más que cuestionable pretende dejar fuera de juego a las empresas canarias. No se lo vamos a poner tan fácil. La decisión está tomada. Ahora, si alguien quiere saber cómo y porqué se está  ralentizando y judicializando la economía de Canarias que eche la vista hacia la presidencia del Gobierno de Canarias. Bajo siete llaves… pero ahí están las respuestas”.