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“La nueva reglamentación de Energías Renovables que el viernes aprobó el Consejo de Ministros tiene, a priori y sin que hayamos podido estudiar a fondo el documento porque sólo conocemos el borrador, dos elementos positivos: por un lado ya existe un marco legal y, por otro, los inversores ya saber a qué atenerse a la hora de financiar proyectos”, manifestó Miriam García Carromero, general manager de Grenenergy, durante la ponencia “La energía en Canarias. Retos de la insularidad” que presentó en las jornadas “El futuro de todos” que la Concap organiza en la Feria Construye 2010 en cuya jornada de clausura Guacimara Medina, parlamentaria del PSC en el Parlamento de Canarias, hablará mañana domingo de “Aridos. El necesario equilibrio entre el reciclaje y la extracción”.

Sin embargo, según explicó García Carromero, el decreto plantea importantes cuestiones para la inversión energías renovables tanto a  nivel nacional como regional. “En el caso de la energía fotovoltaica, la percepción de la prima se limita a 25 años y esta decisión tiene carácter retroactivo, es decir afecta a aquellos que habían realizado sus inversiones con primas garantizadas a más tiempo, lo cual pone en entredicho la seguridad jurídica de España y puede provocar la huida de la inversión extranjera”.

Sin embargo, en lo que respecta a la energía eólica, parece que el Real Decreto va a respetar el desarrollo de las instalaciones con un régimen diferenciado del que tendrá el resto del Estado hasta un cipo de 600 megawatios  y no va a haber merma de tarifas, aunque sí va a producirse una importante reducción de las horas de funcionamiento de los parques eólicos que no podrán funcionar por encima de las 2.598 horas anuales “y eso va obligar a utilizar agentes comercializadores”.

Miriam García Carromero recordó que la diferenciación de Canarias con respecto al resto de las regiones se debe a haber hecho valer que la producción de energía en Canaria es mucho más cara que en el resto del Estado (1.200 millones de euros anuales) “y es un sistema que económicamente no se puede sostener por mucho tiempo. El hecho de que se haya aprobado el nuevo Real Decreto no quiere decir que todo esté hecho a diez años vista y tengan que esperar 10 años más para regular el sistema eléctrico canario y el mix energético que necesita. Es a partir de ahora cuando se tiene hacer todo el esfuerzo necesario para decirle a todos los actores que intervienen, en todas las administraciones, que Canarias tiene que tener un tratamiento diferenciado”.

Abundando en lo apuntado por García Carromero Antonio cabrear, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granadilla, y José Luis Fernández Fuarros, técnico del mismo ayuntamiento, hicieron hincapié en que el tiempo de las energías fósiles llega a su fin “porque estamos en manos de terceros y porque no se puede sostener que el 9% del Producto Interior Bruto de las Islas vaya al pago del combustible. Como dice un experto en el tema: más vale que nosotros abandonemos el petróleo a que sea el petróleo quien nos abandone”.

Sin embargo, antes de que Fernández Fuarros presentara proyectos que el Ayuntamiento tiene en cuanto a la utilización energías renovables, el concejal de Granadilla insto al auditorio a preguntarse “porque hace 20 años el ITER empezó a investigar en energías renovables y se convirtió en un lugar pionero internacionalmente al que acudían investigadores de todo el mundo y actualmente Canarias está a la cola en investigación y en utilización y para demostrarlo basta el dato de que Canarias tiene instalados 140 megawatios de energías renovables (que producen el 4% de lo que necesitan las Islas) y Navarra 3.900, es decir, el 70% de lo que requiere esa comunidad que además ha generado 1.500 puestos de trabajo directos con las energías limpias y está exportando tecnología incluso a EE.UU, cuando, por potencial, los expertos dice que Canarias es la Arabia Saudí de las energías renovables. Parece que en Canarias alguien estuviera poniendo palos en las ruedas de las energías limpias”.

La conclusión de Antonio Cabrera es que es imprescindible que todas las administraciones creen un marco legal único para todas las Islas y todos los municipios “porque en el Ayuntamiento de Granadilla tenemos comprobado que los inversores se van cuando les informamos de los que tienen que hacer en las diferentes administraciones y ni los funcionarios tienen claro lo que se puede hacer y dónde. Así no se pude seguir. El marco legal tiene que ser único, igual y sencillo para que, de una vez, Canarias ocupe el lugar que, por naturaleza le corresponde”.