La Concap explica al PSC que el 99% de los vecinos encuestados por Gestión de Aguas quieren que se ejecute la sentencia de Emmasa

Para salir de la crisis es necesario crear empleo y son los empresarios los que pueden hacerlo, manifestaron ayer los candidatos socialistas al Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna durante su almuerzo de trabajo con la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (CONCAP) cuyos representantes explicaron a los candidatos socialistas que no se trata tan sólo de crear empleo sino de facilitar a las empresas que ese empleo sea de calidad, permitiendo el dimensionamiento correcto de las plantillas, no persiguiendo fiscalmente a las empresas y apoyando a las empresas canarias en todos los sectores, aunque se hizo especial énfasis al apoyo a las empresas locales en los sectores de construcción y servicios, dos sectores en los que las empresas locales llevan años clamando por el apoyo de las administraciones canarias.

Al hablar precisamente de los servicios, los representantes de la Concap, en cuyo seno se gestó y permanece Gestión de Aguas de Tenerife, explicaron a los representantes socialistas, especialmente al candidato a la Alcaldía de Santa Cruz la situación del agua de la capital y los resultados que está arrojando la encuesta telefónica que la empresa viene realizando entre los vecinos y en la que se van a llevar a cabo 30.000 llamadas, a las que hay que sumar las de los vecinos que directamente se ponen en contacto con las teleoperadoras de la empresa.

Tras hacer un breve repaso por la historia del agua de Santa Cruz en los últimos cinco años, el presidente de la Concap manifestó que, aunque existe el acuerdo de la asamblea de la empresa (integrada por 110 empresarios canarios) de solicitar la ejecución de la sentencia de TSJC, se decidió “no hacer nada sin conocer la opinión de los vecinos y los datos que arroja la encuesta llevan un camino muy claro… aunque esperaremos a la conclusión del estudio”.

Según los datos aportados los propios encuestados más del 90% de los vecinos beben agua embotellada o tienen un filtro instalado “y podemos calificar el estado de ánimo de la población como de indignación porque el 99% nos piden que ejecutemos la sentencia ya. Hay personas mayores, con pensiones pequeñas… pero tienen que usar agua embotellada porque así se lo recomienda el médico, y lo mismo en las familias con niños (no hablamos de bebés), hay familias que nos cuentan que han tenido problemas de salud relacionados con el agua, que nos dicen que en tal o cual zona tiene mal color o sabor, que se les estropean los electrodomésticos cada poco y los técnicos les enseñan las partes dañadas por la cal y ahora mismo hay familias cuyos recursos han menguado mucho por causa de la crisis y tienen dos opciones: o se gastan en agua lo que no tienen o tragan el agua tan cual sale por el grifo”, explicó Juan Luis Lorenzo a los representantes del PSC, cuyo candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, ante los datos aportados por el estudio, propuso a los empresarios una reunión monográfica sobre los asuntos que atañen a Santa Cruz en la que “le mostraremos las manifestaciones de los vecinos porque las teleoperadoras recogen íntegramente las opiniones”.

Los reunidos trataron en profundidad temas tan importantes como la construcción, las telecomunicaciones, las trabas que sufren las empresas adjudicatarias de potencia eólica, la inseguridad jurídica y administrativa y la vocacidad recaudatoria de una administración tributaria regional que, sumida en los problemas económicos, ha decido tirar por la vía de la recaudación aplicando las normas desde puntos de vista “cuando menos muy cuestionables” y contra las que los empresarios se ven indefensos, una indefensión que se hace aún más acuciante cuando las mismas administraciones que obligan a abonar dudosas obligaciones fiscales incumplen la Ley de contratos prorrogando en el tiempo el abono de los servicios prestados.

En el caso de la construcción, el candidato a la presidencia del Gobierno Regional por el PSC manifestó que en Canarias faltan infraestructuras, que los planes generales están asegurados porque, aunque las obras se gestionen desde Canarias, los fondos vienen del Gobierno Central, pero la situación de las autopistas y carreteras insulares cuyo mantenimiento es competencia de los Cabildos demuestra ver la barbaridad de que en 2008 no se renovara el plan sectorial de mantenimiento , con lo cual no hay una planificación plurianual “algo muy serio –manifestaron los constructores- porque nos puede hacer perder el patrimonio que tenemos en carreteras y autopistas ya que los baches que todos vemos están llegando  a capas muy profundas y su reparación, si se sigue dejando de lado y haciéndose pequeños parcheos, va a suponer una cantidad de dinero muy importante”.

La CONCAP hizo saber también a los candidatos su preocupación por la inseguridad jurídica que viven las empresas: 13 leyes decretos y reglamentos regulan cada palmo de suelo de las Islas “y sino es una administración, será otra pero alguien detiene cualquier proyecto que pretenda ponerse en marcha, los PGOs siguen atascados, el Cabildo de Tenerife es la mayor empresa de la Isla, una empresa que ejerce una competencia desleal con las empresas de la Isla, tapando los déficits de esas empresas con dinero público que debería ir a estimular la inversión y no a entorpecerla”, una descripción que llevó a Aurelio Abreu a asegurar que “hace tiempo que en esta Isla se está jugando con las cartas marcadas”, mientras José Miguel Pérez, al hablar de la inexistencia de áreas extractivas de áridos y de el reciclaje de RCDs y la imposibilidad de legalizar las plantas a pesar del PTEOR, señalaba que “parece existir la decisión de imponer el monopolio de alguien, lo cual se  manifiesta también cuando el Gobierno regional o insular, a la hora de mirar a Africa no plantea sino gestos con escaso o nulo contenido apoyando únicamente cosas muy concretas para empresarios muy concretos cuando el africado es un mercado que, si sigue creciendo al ritmo de los últimos diez años, debería ser objetivo prioritario de una política global, porque las Islas tienen que plantearse ser un mercado integrado y fuerte”.

Los candidatos socialistas indicaron que, entre otras,  una de sus principales propuestas es de cumplir  escrupulosamente la Ley de Contratos del Estado, crear una oficina antifraude en las adjudicaciones, precisamente para dotar a los concursos de mayor transparecencia “y que todos conozcamos las reglas del juego y se acabe con las irregularidades”, así como crear la “cuenta corriente tributaria” para que la Administración no cobre a aquellas empresas a quienes debe.