La CONCAP denuncia un nuevo atropello del presidente del Gobierno Regional a las empresas canarias y a la libre concurrencia empresarial “Si el concurso de transmisión de RTVC no se anula acudiremos a los tribunales”
La
Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (CONCAP) no está dispuesta
a soportar un nuevo atropello a las empresas isleñas. “Con la que está cayendo,
con la situación que atraviesan las empresas canarias, con la situación
económica de las propias instituciones públicas, no vamos a quedarnos de brazos
cruzados ante un espectáculo incalificable: el último concurso de transmisión
de la señal de la Radio y Televisión Canaria está hecho a medida para que lo gane una empresa multinacional a la que
todos conocemos, a la que se entrega un beneficio absolutamente desmedido y que
se ha convocado a la chita callando”, manifiesta Juan Luis Lorenzo, presidente
de la patronal canaria en el seno de la cual se realizó una unión de empresas
de todas las islas para participar en el concurso. Fue al analizar los pliegos cuando se dieron
cuenta de que era imposible que se presentaran las empresas canarias, una
situación que, de no enmendarse con la anulación del concurso, obligará a la
Confederación a presentar en los próximos días un recurso Contencioso
Administrativo así como una solicitud de intervención ante la Comisión Nacional
de la Competencia.
En el marco del
Recurso Contencioso Administrativo se solicitará la paralización del
concurso como medida cautelar en base tanto a las irregularidades formales que
presenta como al incumplimiento de la legislación de la UE en materia de
telecomunicaciones, así como de lo que se ha venido en llamar Principio de
Neutralidad Tecnológica, una cuestión que, por ejemplo, ha llevado a que la UE
anule el concurso nacional de TDT precisamente debido a la violación de ese
principio.
La primera medida
tomada por la CONCAP al analizar el pliego del concurso de transmisión de la
señal de RTVC fue exponer el problema ante todos los grupos parlamentarios que,
para sorpresa de los empresarios, no estaban enterados de la convocatoria del concurso
como no lo estaban algunos de los miembros del Consejo de Administración de
RTVC. “Es más, yo creí, y así lo manifesté públicamente, que el presidente del Gobierno
tampoco estaba al tanto, pero a día de hoy, su silencio me obliga a creer que sí
estaba al tanto y que el concurso se ha convocado con su bendición”.
Abundando en el
despropósito del concurso, las empresas canarias sostienen que, según los cálculos
expuestos por tres consultoras independientes, el coste de los trabajos a
realizar no superarían nunca los 6 millones de euros en los 4 años de
pervivencia del concurso por lo que se
extrañan de los 13 millones de euros con los que se convoca un concurso que se
ha publicado con una llamativa discreción y premura ya que se puede prorrogar
hasta dos años más el contrato con la concesionaria actual (una empresa multinacional)
y haber sacado el concurso con tranquilidad, con los números ajustados y,
cuando menos, respetando el principio de libre competencia, “aunque el
presidente del Gobierno de Canarias suele decir que va a proteger e impulsar a
las empresas canarias y que va a tener en cuenta en las contrataciones públicas
a aquellas empresas que contraten empleados canarios y, sin embargo, ahora que
está en su mano garantizar la libre concurrencia de las empresas para que las
empresas canarias puedan concursar en igualdad de condiciones, ahora que es
esencial para canarias generar riqueza que se quede aquí, ahora se siguen
llevando a cabo las mismas tropelías despilfarrando el dinero de todo y
poniendo la alfombra roja sólo para algunos”.
Otra
de las cuestiones que llaman la atención del concurso son los plazos de
ejecución. La irrealidad de los pliegos prevé que, una vez adjudicado el
concurso, la empresa designada tenga que realizar la implantación de todas las
infraestructuras en las Islas en 15 días. “Es decir, que en dos semanas se debe tener en marcha una
red de transmisión de señal para televisión y radio que de cobertura en toda
Canarias. Eso se traduce en que la única empresa capaz de llevarlo a cabo en
dichos plazos es la que actualmente presta el servicio, o lo que es lo mismo,
los pliegos ya determinan cuál debe ser la empresa adjudicataria”, manifiesta
Juan Luis Lorenzo.
“No vamos a pasar por ahí. No vamos a permitir un
nuevo atropello. La inoperancia del Gobierno de Canarias ha llevado al desastre
al sector de los medios de comunicación y las telecomunicaciones y, en un
momento de crisis que afecta a todos los sectores, pero con una virulencia
brutal al de la comunicación, una nueva decisión legalmente más que
cuestionable pretende dejar fuera de juego a las empresas canarias. No se lo
vamos a poner tan fácil. La decisión está tomada. Ahora, si alguien quiere
saber cómo y porqué se está ralentizando
y judicializando la economía de Canarias que eche la vista hacia la presidencia
del Gobierno de Canarias. Bajo siete llaves… pero ahí están las respuestas”.
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