Juan Carlos Castañeda entrevista a Juan Luis Lorenzo en RadioClub Tenerife

Enlace a la entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=lVyOI9M1jw0

Juan carlos Castañeda, director de Hoy por Hoy de RadioClub Tenerife entrevista a Juan Luis Lorenzo, presidente de la CONCAP, después de wque un grupo de empresarios del sector de las telecomunicaciones tomaran la decisión de poner en conocimiento de todos los grupos parlamentarios la grave situación que atraviesan los empresarios canarios del sector a raíz de la convocatoria del concurso para adjudicar los “Servicios de distribución y difusión de señales de TDT, de distribución y difusión de radio FM y transporte permanente de señales audiovisuales, con el fin del desempeño a través del ente público Radiotelevisión Canaria” ya que dicha convocatoria impide la libre concurrencia de las empresas y supone una grave discriminación de las empresas canarias por los motivos que a continuación le señalamos:

1.- La convocatoria exige que las empresas que se presenten estén en posesión de las siguientes clasificaciones:

·         Grupo V (Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones); subgrupo 3 (servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y de telecomunicaciones), categoría d

·         Grupo V (Servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones); subgrupo 4 servicios de telecomunicaciones; categoría d

Como puede comprobar, estás son las máximas categorías que establece el Ministerio, unas categorías que exceden lo necesario para el cometido a desarrollar y que, además, solo cumplen dos empresas canarias, ninguna de las cuales se dedica a este sector en concreto, motivo por el cual no se presentan al concurso que nos ocupa.

Evidentemente, la sola aceptación de esta exigencia equivale a dejar a todas las empresas canarias del sector de las telecomunicaciones sin posibilidad alguna de optar a este concurso, y con ello además, cerrar la puerta a la obtención de una mayor clasificación por la prestación de este tipo de servicios, excluyéndolas del mercado no sólo canario, sino también nacional o europeo.

2.- Los plazos de puesta en marcha del sistema son completamente inviables. Los pliegos establecen que la puesta en marcha del sistema se debe realizar en 15 días una vez adjudicado el concurso. Entre el 15 de Julio y el 1 de Agosto se debe tener en marcha una red de transmisión de señal para televisión y radio que de cobertura en toda Canarias. Eso se traduce en que la única empresa capaz de llevarlo a cabo en dichos plazos es la que actualmente presta el servicio, o lo que es lo mismo, los pliegos ya determinan cual debe ser la empresa adjudicataria.

3.- La situación de crisis económica afecta a todos los sectores, pero está siendo especialmente dura con el sector de las telecomunicaciones siendo este concurso una magnífica oportunidad para aunar a las empresas canarias del ramo y poder plantear una propuesta que permita dar el mejor servicio con empresas locales.

4.- Si a todo lo anterior, unimos el hecho de que la actual prestataria del servicio dispone de una prórroga de dos años, lo que hace que no exista ninguna urgencia a la hora de adjudicar el presente concurso es por lo que

Ante esta situación, los empresarios solicitan a los parlamentarios "que su grupo parlamentario abogue por la ANULACION de la actual convocatoria al tiempo que se proponga una nueva cita con plazos que se ajusten a la realidad y a la propia necesidad del sistema.

Para favorecer un mejor conocimiento de la situación los empresarios adjuntan un estudio económico en el que se detalla el beneficio, de más de 9 millones de euros, sobre una adjudicación de 13.956.001,44 euros, que obtendría el actual adjudicatario del concurso, en caso de hacerse de nuevo con la concesión.

Ademas, Ante la situación creada por:

1.-  Una convocatoria de concurso realizada con una “discreción” tan digna de sospecha que, al parecer, se realizó sin conocimiento, no sólo de los grupos parlamentarios, con la falta de respeto que ello conlleva, sino a la espalda del propio Consejo de Administración de la RTVC.

2.- Una convocatoria que directamente discrimina a las empresas locales del sector utilizando todas las herramientas posibles para hacer imposible su concurso.

3.- Una convocatoria con unos beneficios económicos cuando menos desproporcionados teniendo en cuenta el difícil momento financiero de las administraciones públicas

Los empresarios reunidos en la CONCAP han tomado las siguientes decisiones:

1.- Informar a todos los grupos parlamentarios

2.- Presentar un Recurso contencioso Administrativo dentro del cual se va a solicitar como medida cautelar la paralización del concurso en base sobre todo a:

1. Irregularidades formales
2. Incumplimiento de la legislación armonizada de la Unión Europea (UE) en materia de telecomunicaciones, así como de lo que se ha venido a llamar Principio de Neutralidad Tecnológica, una cuestión que, por ejemplo, ha llevado a que la UE anule el concurso nacional de TDT precisamente debido a la violación de ese principio.

3.- Presentar un informe ante la Comisión Nacional de la Competencia, organismo dependiente del Ministerio de Industria,  informando de la vulneración del principio de libre concurrencia, lo cual conllevará a que la Comisión Nacional de la Competencia se persone en el Recurso Contencioso Administrativo y se suspenda la adjudicación.