CONCAP Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales

Políticos y empresarios analizaron la situación de las empresas canarias de construcción y servicios así como la gestión de Emmasa Tras una intensa reunión de trabajo que los representantes empresariales calificaron de “muy positiva”, la Junta Directiva de la Concap, encabezada por su presidente, Juan Luis Lorenzo Rodríguez, y el presidente de la FECAC, Julio Guigou, mostró su satisfacción por “la buena sintonía que, en temas fundamentales, hemos observados en el equipo de Gobierno”. Principalmente, los empresarios abordaron con José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife; Julio Pérez, primer teniente de alcalde, y Dámaso Arteaga, concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, asuntos relacionados con la política municipal en materia de adjudicaciones de obras y servicios, la gestión de Emmasa, el reciclaje de RDCs y el PGO de la capital. En relación al sector de la construcción, Julio Guigou, presidente de la Federación de Empresas Canarias de la Construcción

Buena parte de los problemas que padecen las Islas tienen que ser solucionados desde las instituciones  “Canarias no tienen ni un minuto que perder y sus representantes políticos tampoco porque, si bien es verdad que la crisis financiera es de origen internacional, no lo es menos que su repercusión en las Islas ha venido dada en buena parte por una forma de gestión que ha lastrado y dejado en la cuneta miles de proyectos en los que empresarios e inversiones, tanto canarias como foráneas, se han visto obligadas a desistir y marchar en busca de otros lugares. Eso tiene que cambiar desde ya y no hay ni un minuto que perder”, manifiesta Juan Luis Lorenzo, presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (CONCAP) que comprende “la percepción de los ciudadanos, en concreto de los canarios, de que parece que la clase política vive en un mundo aparte, en una burbuja que les impide ver la gravedad de la situación de las familias, fiel reflejo de lo que ocurre con las empres

En  decisión adoptada hoy, día 8 de julio, el Consejo de Ministros ha tomado el ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Canarias para realizar una o varias emisiones de deuda pública (bonos u obligaciones) o tomar préstamos a largo plazo, hasta un importe máximo de 645.510.000 euros, de los que 480.000.000 euros podrán ser aptos para materializar las dotaciones a la reserva de inversiones de Canarias. Si desean ampliar la información recuerden que pueden dirigirse a la Confederación.

El Gobierno aprobó el viernes 1 de julio un Real Decreto-Ley que incorpora un conjunto de medidas de las que nos informa Alfonso Padilla & Asociados, asesoría fiscal de la Concap y que comentamos a continuación de manera resumida: MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS Inembargabilidad de rentas de deudores que han perdido su vivienda habitual en una ejecución hipotecaria Mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha elevado el umbral de inembargabilidad en los casos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Los elementos principales de la medida son: ·          Incremento del límite a la inembargabilidad desde el actual 110 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 150 por 100 (961 euros efectivos). ·          Incremento del porcentaje adicional de inembargabilidad hasta el 30 por 100 por persona dependiente del núcleo familiar y no perceptora de ingresos. ·  

Resolución nº 1 Impulso de políticas sociales para garantizar la cohesión social. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1.        Incentivar que las entidades bancarias ofrezcan información suficiente sobre la constitución de hipotecas que contemplen que la obligación garantizada se realiza únicamente sobre el bien hipotecado, tal y como se recoge en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria vigente. 2.        Garantizar una financiación estable y suficiente a las Comunidades Autónomas de manera que permita: a)       Mantener la actual cobertura educativa y sanitaria que prestan las Comunidades Autónomas. b)       Desarrollar el catálogo de prestaciones establecido en la Ley de la Dependencia. 3.        En los términos previstos en el informe de la comisión de la Ley de la reforma de pensiones, actualmente en tramitación, el Gobierno presentará, en el plazo de un año, un informe sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en los últimos cinco años. 4.