La Concap insta a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Santa Cruz a apoyar decididamente a las empresas canarias

"A veces, uno tiene la impresión de que nuestros representantes políticos leen o escuchan los medios de comunicación sin ser capaces de relacionar unas informaciones con otras. En 12 meses las islas han perdido 2.400 empresas, hay 301.200 personas buscando trabajo, casi 95.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y en la Concap nos consta que hay ayuntamientos de esta Isla que están llamando a empresas nacionales para que se presenten a los proyectos del Plan Estatal para el Fomento de la Economía y el Empleo (conocido como Plan E) en los procedimientos negociados sin publicidad. Estamos en una situación gravísima desde el punto de vista social y muchos nos preguntamos cuánto tiempo creen nuestros políticos que se va a poder aguantar una situación así", asegura Juan Luis Lorenzo, presidente de la Concap, organización que ha solicitado reuniones a todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para explicarles la absoluta necesidad de que los fondos que van a llegar a la capital a través del Plan E se queden en las empresas locales "porque esa es la filosofía de fomento y mantenimiento del empleo con la que el Gobierno nacional ha lanzado este Plan, junto a medidas como la obligación de que las administraciones públicas realicen sus pagos en 60 días, para que luego, en esta tierra, tengamos que seguir recordando a nuestros gobernantes que los puestos de trabajo están únicamente en las empresas canarias y que, aunque ellos abonen sus facturas en 60 días (30 días en el caso del Plan E), las empresas isleñas cobraran su parte a más de 200 días porque es lo que las empresas nacionales exigen en sus subcontrataciones".

El presidente de la Concap manifiesta que si se han pedido las reuniones a los grupos políticos del consistorio capitalino es para "concienciarles de que no puede volver a ocurrir lo mismo que con el Fondo Estatal Local de Inversión Local (FEIL) el pasado año, cuando Santa Cruz de Tenerife destinó a las empresas isleñas apenas el 48% de los fondos y el resto fue a parar a empresas nacionales. No fue el único caso en Tenerife, pero si uno de los más sangrantes tanto por el volumen de obras que manejó el consistorio capitalino como por la comparación con las cifras de Las Palmas de Gran Canaria que otorgó a empresas canarias el 82% del presupuesto. Hoy en día, con la situación actual una actitud semejante equivaldría a una provocación no sólo a los empresarios canarios, sino a toda la sociedad porque, además, las empresas nacionales tienen su propio plan, el Plan Extraordinario de Infraestructutas, ya que, entre 2010 y 2012, el Estado licitará 17.000 millones euros en infraestructuras dentro del Plan Extraordinario de Inversión del Ministerio de Fomento".

Los datos ofrecidos por la EPA (Encuesta de Población activa) no dejan lugar a dudas ni apenas espacio para una reflexión que llegaría con tres años de retraso. Ya no hay tiempo. Canarias, con un 27,7% de paro, está a la cabeza de todas las comunidades autónomas, a más de 7 puntos porcentuales de la media nacional  y a 17 del País Vasco "donde sí saben que tienen que apoyar y apoyan a sus empresas y ahí tienen los resultados porque ellos seguramente sí están viendo los famosos brotes verdes y no la maraña legislativa que en Canarias está asfixiando a las empresas hasta crear 4.508 nuevos parados en abril y una situación de incertidumbre que hace imposible la reactivación del consumo".

Para la Concap, la situación ha convertido la crisis en una "cuestión de estado, aunque sea a nivel regional, en la que no caben las luchas partidistas sino el apoyo decidido y unánime a las empresas de las Islas porque son las únicas que pueden generar empleo. Necesitamos valentía política para llevar a cabo medidas que pueden parecer impopulares, eficacia para desenmarañar unas administraciones absolutamente bloqueadas por legislaciones que se superponen y no dejan margen de maniobra a las empresas y necesitamos también que el crédito llegue a las empresas. Todo lo que se salga de ahí o no llegue a esos mínimos puede tener a corto plazo consecuencias sociales catastróficas porque quién podría creerse que, con semejante clase política, puedan salir de una vez adelante las empresas locales. De la actitud de nuestros representantes políticos depende que las empresas puedan volver a crear empleo".